El Real Decreto por el que se declara el estado de alarma y la Constitución

César Galiano Royo, con quien tengo el gusto de discrepar (que es una práctica constructiva e instructiva si se asume de forma dialogante), en esta ocasión respecto al conflicto de los controladores aéreos ("Los controladores aéreos españoles", 6 de diciembre de 2010), me sugiere leer el artículo de Francisco Balaguer, Catedrático de Derecho Constitucional, en respaldo de la constitucionalidad de la reciente declaración del estado de alarma por parte del Gobierno: "El colectivo Eyjafjalla" (Público, 8 de diciembre de 2010); el original ahora no está accesible (¿se habrá arrependito el periódico de haberlo publicado?), pero puede consultarse a través de Reggio's. El experto en Derecho Constitucional argumenta que el estado de alarma está motivado y no limita  los derechos y libertades de la población (se supone que incluidos los de los controladores). Resulta muy jugoso (incluso tronchante). Y me ha inducido a bucear un poco en las fuentes originales: siempre lo hago, si dispongo de tiempo, porque aprendo mucho; es una inversión en "educación para la ciudadanía".

 

 Fuente de la imagen: Diseccionando a El País,

"Decreto de Estado de Alarma y deriva autoritaria del PSOE"  (4 de diciembre de 2010)

El artículo de Francisco Balaguer me ha llevado a consultar la "Ley Orgánica 4/1981, de 1 de Junio, de los estados de alarma, excepción y sitio", que regula los estados de excepcionalidad contemplados en la Constitución (recomiendo la sinopsis sobre el artículo 116 disponible en la web del Congreso de los Diputados, que contiene su interpretación así como referencias y enlaces a las leyes que conciernen al mismo) y el texto del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, publicado en el BOE el 4 de diciembre de 2010. Y creo que la interpretación de la ley que hacen el Gobierno y el propio Francisco Balaguer Callejón resulta abusiva. ¡Han convertido a los controladores públicos, ni más ni menos, que en una fuerza de la naturaleza! Porque no otra cosa es capaz de desencadenar sucesos que por definición escapan a la voluntad humana: "catástrofes, calamidades o desgracias públicas tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud". Además, el Gobierno se escuda en que la negativa de los controladores aéreos de acudir a trabajar les convierte en responsables de un delito de secuestro puro y duro; no puede ser de otra manera, ya que la mera cancelación de vuelos no parece suficiente para afirmar que los controladores aéreos están impidiendo a los españoles el ejercicio del "derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional". La conclusión, preocupante, es que el Gobierno ha recurrido a declarar el estado de alarma sin una causa suficiente, de manera irresponsable, con grave perjuicio para el funcionamiento normal de las instituciones democráticas y una inaceptable falta de respeto a las garantías establecidas por la Constitución.

De todos modos, la más que previsible posibilidad de que este recurso improcedente al estado de alarma quede impune y reciba el amparo de la legalidad vigente me hace reconsiderar las palabras de Íñigo Errejón en Rebelión ("Controladores aéreos, dictadura y consenso", 7 de diciembre de 2010):

"(...) La naturaleza del poder estatal reside en su última ratio, en hasta dónde puede hacer llegar sus instrumentos coercitivos para la regulación social. Es efectivamente en las situaciones de excepcionalidad, de suspensión de los derechos y garantías que protegen a los individuos del poder omnímodo estatal, cuando éste se revela en toda su envergadura".