Con motivo de la próxima celebración del Día de la Constitución, hoy (1 de diciembre) ha estado en mi centro de secundaria para adultos, el CEPA Plus Ultra de Logroño, Ignacio Espinosa, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Es una persona elocuente, hasta donde alcanza la vista honesta, y consciente de la dimensión social de su cargo, por lo que aceptó encantado nuestra invitación a dar dos conferencias, una en el turno de mañana y otra el de noche.
Ignacio Espinosa, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja
y uno de los fundadores de Jueces por la Democracia
De su conferencia (un poco apresurada, porque se había planteado un recorrido por todos los artículos de la Constitución que regulan el poder judicial) destaco tres temas:
- Que remarcara que, aunque la Justicia se ejerce en el nombre del Rey, lo que establece el texto es su ejercicio en el marco de una democracia, ya que "el Rey reina pero no gobierna". Sonó muy republicano, aunque probablemente me equivoque.
- Que el número de condenados a reclusión en España es muy superior que en el resto de países europeos, al igual que el de presos preventivos, y tenemos el Código Penal más duro de Europa.
- Que los jueces, como poder del Estado, son muy independientes, y en España más que en el resto de Europa, careciendo incluso de jerarquía (un juez no puede dar órdenes a otro juez) y contando con su propio órgano de administración interna, el Consejo General del Poder Judicial. Pero sin embargo el cargo de Fiscal General es un cargo político, nombrado a dedo por el Gobierno, siendo además la Fiscalía un cuerpo muy jerarquizado, y correspondiendo al mencionado Fiscal General nombrar los Fiscales Jefes de cada tribunal. Un fiscal puede rechazar emprender la actuación que le ha encargado un superior, si considera que no hay indicios para llevarla a cabo, pero en ese caso su jefe sólo tiene que encargársela a otro fiscal para conseguir que se cumpla.
Ahora queda más claro (si hacía falta) lo que se pretendía con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial llevada a cabo en el Congreso de los Diputados por PSOE, PP, CiU y PNV (329 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones) el 26 de junio de 2009, por la que se desterró la jurisdicción universal de entre las competencias del poder judicial español. Se desterró, digo, porque se sutituyó por la persecución de delitos cometidos fuera de nuestras fronteras contra ciudadanos españoles, única y exclusivamente.
Como dijo Gaspar Llamazares, uno de los 9 diputados que merecen estar en el cuadro de honor por votar en contra, se consagró así un doble rasero: "una justicia internacional para el tercer mundo y una justicia internacional para los blancos del primer mundo".
Y yo añado: ni tan siquiera eso. El Gobierno ha demostrado que ni siquiera permitirá a la Audiencia Nacional perseguir los crímenes cometidos contra ciudadanos españoles en el extranjero. En el "caso Couso" se conformó con las explicaciones de los Estados Unidos, y en el del saharaui de nacionalidad española recientemente asesinado en el Aaiún, Baby Hamday Buyema, se ha conformado con las explicaciones de Marruecos. Las relaciones diplomáticas mandan y, ya se sabe, cada país tiene sus propias formas de resolver los asuntos domésticos. Españoles, vuestro Gobierno os abandona: tiene otros amos.
Volviendo al tema que ha inspirado esta entrada en el blog, es una pena que ninguno de los alumnos, cuyas preguntas han excedido el tiempo reservado para el debate, por otra parte animado e interesante, haya planteado este problema a nuestro conferenciante invitado. Y me he quedado con ganas de saber qué opina al respecto Ignacio Espinosa, como voz autorizada del poder judicial, entendido (como he creído deducir por sus palabras) como control democrático de los gobiernos.
