Por fin una visión sensata, y bien difícil, aunque no exenta de algunos puntos reprochables (que por supuesto no dudaré en criticar). Aquí os dejo el enlace al comunicado completo de la CGT sobre el reciente conflicto laboral de los controladores aéreos de AENA: "CGT condena el estado de alarma decretado por el Consejo de Ministros" (4-XII-2010). Extraigo el siguiente párrafo, que suscribo al 100%:
"CGT condena de forma absoluta el estado de alarma decretado por el gobierno, lo que supone la suspensión, a niveles prácticos, de los derechos constitucionales y lo peor es que se aplique este estado de alarma con motivo de un conflicto laboral".
Se incluye como anexo el comunicado de la Sección Sindical Estatal de CGT/AENA, "El estado de alarma. ¿Un riesgo calculado?" (4-XII-2010), del que extraigo esta más extensa cita sobre el origen del conflicto laboral (calificado indefectiblemente de "salvaje" por el Gobierno y los medios de comunicación unidos en una campaña destinada a justificar medidas de excepción).
"Entendemos que el responsable [de secuestrar en los aeropuertos españoles a 300.000 ciudadanos de este país] es el propio Ministro [de Fomento] al aprobar en Consejo [de Ministros], justo el viernes previo al mayor puente del año, un RD [Real Decreto] que privatiza los aeropuertos al tiempo que modifica las horas de descanso del personal controlador, a pesar que el Ministerio había realizado su propio cómputo en un RD anterior, y de los avisos anticipados del colectivo acerca de la necesidad de contratación. O bien no ha medido correctamente las consecuencias, o, lo que es peor, le importa poco o nada con tal de que sus planes personales de privatización y expolio de Aena salgan adelante.
El problema de fondo es que el gobierno quiere tapar con esta premeditada cortina que ha decretado vender AENA para hacer caja y poder seguir pagando la deuda pública que tenemos contraída como país, como consecuencia de haber dado miles de millones de euros a la banca. La privatización de AENA significa dejar a la deriva a más de 12.000 trabajadores. AENA es una empresa pública, muy rentable y productiva, que se va a entregar en bandeja a los grandes amigos empresarios del gobierno.
En este sentido, resaltamos la contradicción que supone la “necesidad” de militarizar un sector que, el día anterior, se pasa a manos privadas excluyendo el control público".
Fuente: Marisa Babiano (4-XII-2010), Periodistas en Español
Hay que tener en cuenta que la vía de protesta utilizada por los controladores aéreos, la baja masiva, es la misma que indefectiblemente hubiera debido tomar en caso de plantear una huelga, debido a la imposición de unos servicios mínimos abusivos que en la práctica anulan la capacidad real de los trabajadores de hacer huelga (tal y como sucedió en verano durante la huelga del Metro de Madrid, un precedente sin dudas de esta otra en la batalla de la opinión pública, cuando los periódicos desempolvaron el calificativo de "salvaje" para azuzar en contra a la población afectada; y, recordemos, una huelga promovida por la Sección Sindical del Metro de Madrid de Solidaridad Obrera y en la que la CGT jugó un papel relevante, lo que sirvió a algunos comentaristas de la SER para "desvincular" de la contundencia de la misma a los sindicatos "oficiales", CCOO y UGT, supuestamente más domesticados). En la reciente huelga del 29 de septiembre (que no secundó USCA, la Unión Sindical de Controladores Aéreos, sindicato mayoritario, que agrupa al 95% de los controladores aéreos, pero sí la Sección Sindical de la CGT, dando una lección de solidaridad que ahora los trabajadores hurtan, de forma absolutista e inconsciente, al conjunto de su colectivo) AENA, es decir, el Estado, impuso como servicios mínimos la asistencia de un 70% de la plantilla de controladores aéreos destinada a cubrir una jornada ordinaria; es decir, de acuerdo con USCA, que se opuso a los mismos pese a no secundar la huelga, "unos servicios mínimos del 100%, porcentaje que incluso se supera en algunos centros de trabajo como Barcelona, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca y Madrid-Barajas, ya que en este último alcanza el 118%".
Hay un punto, no obstante, en el que no puedo secundar a los controladores aéreos ni a la defensa que de los mismos hace la CGT (no quiero ser tampoco absolutista, y cometer el error de reducir todo a una cuestión visceral de "buenos" y "malos"): si querían hacer uso de su derecho a huelga, debieron convocar la huelga por los cauces legales ordinarios, es decir, avisando al menos con 10 días de antelación. Al no hacerlo, han perjudicado gravemente a los usuarios a cuyo servicio teóricamente se encuentran, y demostrado un completo desprecio por ellos. Porque, en última instancia, quienes han "secuestrado" a cientos de miles de españoles en los aeropuertos han sido ellos, los controladores aéreos.
Retrasando la huelga estos diez días hubieran conseguido una presión similar en las vacaciones de Navidad, pero con los viajeros avisados, por lo que éstos hubieran podido cancelar sus billetes con tiempo o buscar un medio de transporte alternativo. Que el Gobierno haya sido el primero en proceder de forma ilegítima para recortar sus derechos laborales, de forma unilateral y al margen de la negociación colectiva, no es eximente. Que lo haya hecho por sorpresa, cuando parecía todo solucionado, después de haber forzado ya previamente en verano, con la ratificación de USCA, una reducción del sueldo del 40%, también impuesta primero por Real Decreto, no es eximente. Que se haya recurrido otra vez, el viernes 3 de diciembre, a un Real Decreto para (y cito a El País) ampliar el horario laboral de los controladores aéreos e iniciar la privatización parcial de los aeropuertos (asuntos sobre los que el MiniVerdad pasa de puntillas al cubrir el conflicto, centrándose en celebrar la "mano de hierro" de Zapatero y la posible prórroga del estado de alarma por más de 15 días "para tener cogidos en un puño a los controladores"); que se haya recurrido, repito, a la emisión de un nuevo Real Decreto, es decir, a una vía expeditiva, reservada, según la Constitución Española, para casos "de extraordinaria y urgente necesidad" (artículo 86), porque permite aplicar la medida de modo inmediato desde el Ejecutivo, antes de ser aprobada en el Congreso (como deberían serlo todas las leyes si hubiera una auténtica división de poderes), y por consiguiente, no dando margen para organizar, antes del preceptivo trámite parlamentario, una movilización que evitara la vigente política de "hechos consumados", no es eximente.
Repito, los trabajadores aéreos hubieran debido convocar una huelga ordinaria, y también han actuado de forma punible. Está claro que cuando USCA se opuso a hacer las cosas por los cauces legales no calculó que al plantear el conflicto de forma ilegítima, independientemente de que el recorte de derechos laborales se hubiera llevado a cabo también de forma ilegítima, estaba dando una coartada al Gobierno para emplear la "mano de hierro", al amparo de una opinión pública debidamente aleccionada desde meses atrás para percibir a los controladores aéreos como un colectivo intolerablemente privilegiado en tiempos de crisis. Así dieron un motivo objetivo para hacer estallar entre la población el odio previamente alimentado contra estos opulentos y desconsiderados chivos expiatorios (pero chivos expiatorios, al fin y al cabo; ¿quién recuerda los miles de millones de dinero público transferidos a la banca?).
Ahora bien, y esto es lo más grave de todo, aparentemente olvidado salvo por unas pocas voces discordantes, el Gobierno también se ha comportado de forma ilegítima a la hora de reprimir el conflicto mediante la militarización del servicio aéreo, escudado en la comprensión (es más, el aplauso) de la opinión pública para con su particular forma de celebrar el Día de la Constitución, bajo estado de alarma (uno de los tres estados de excepcionalidad contemplados en la Constitución Española, artículo 116): lo propio hubiera sido abrir los expedientes que José Blanco ha declarado que está tramitando ahora AENA, y recurrir entonces a las sanciones que fueran oportunas (al margen del Código Penal Militar). Vaya, que el Gobierno hubiera debido aplicar la ley, en vez de suspenderla. Aciago día para los derechos laborales de todos (por antipáticos que resulten la mayoría de controladores aéreos, unos corporativistas incapaces de mostrar solidaridad; pero recordemos de nuevo a los pocos de estos trabajadores que se identifican con la clase obrera; y recordemos también que, por muy bueno que sea su empleo, todos ellos son asalariados).
Hay un punto, no obstante, en el que no puedo secundar a los controladores aéreos ni a la defensa que de los mismos hace la CGT (no quiero ser tampoco absolutista, y cometer el error de reducir todo a una cuestión visceral de "buenos" y "malos"): si querían hacer uso de su derecho a huelga, debieron convocar la huelga por los cauces legales ordinarios, es decir, avisando al menos con 10 días de antelación. Al no hacerlo, han perjudicado gravemente a los usuarios a cuyo servicio teóricamente se encuentran, y demostrado un completo desprecio por ellos. Porque, en última instancia, quienes han "secuestrado" a cientos de miles de españoles en los aeropuertos han sido ellos, los controladores aéreos.
Retrasando la huelga estos diez días hubieran conseguido una presión similar en las vacaciones de Navidad, pero con los viajeros avisados, por lo que éstos hubieran podido cancelar sus billetes con tiempo o buscar un medio de transporte alternativo. Que el Gobierno haya sido el primero en proceder de forma ilegítima para recortar sus derechos laborales, de forma unilateral y al margen de la negociación colectiva, no es eximente. Que lo haya hecho por sorpresa, cuando parecía todo solucionado, después de haber forzado ya previamente en verano, con la ratificación de USCA, una reducción del sueldo del 40%, también impuesta primero por Real Decreto, no es eximente. Que se haya recurrido otra vez, el viernes 3 de diciembre, a un Real Decreto para (y cito a El País) ampliar el horario laboral de los controladores aéreos e iniciar la privatización parcial de los aeropuertos (asuntos sobre los que el MiniVerdad pasa de puntillas al cubrir el conflicto, centrándose en celebrar la "mano de hierro" de Zapatero y la posible prórroga del estado de alarma por más de 15 días "para tener cogidos en un puño a los controladores"); que se haya recurrido, repito, a la emisión de un nuevo Real Decreto, es decir, a una vía expeditiva, reservada, según la Constitución Española, para casos "de extraordinaria y urgente necesidad" (artículo 86), porque permite aplicar la medida de modo inmediato desde el Ejecutivo, antes de ser aprobada en el Congreso (como deberían serlo todas las leyes si hubiera una auténtica división de poderes), y por consiguiente, no dando margen para organizar, antes del preceptivo trámite parlamentario, una movilización que evitara la vigente política de "hechos consumados", no es eximente.
Fuente: "“Huelga salvaje” de los controladores aéreos y caos en el espacio aéreo español", ViajeAhorro.com
Ahora bien, y esto es lo más grave de todo, aparentemente olvidado salvo por unas pocas voces discordantes, el Gobierno también se ha comportado de forma ilegítima a la hora de reprimir el conflicto mediante la militarización del servicio aéreo, escudado en la comprensión (es más, el aplauso) de la opinión pública para con su particular forma de celebrar el Día de la Constitución, bajo estado de alarma (uno de los tres estados de excepcionalidad contemplados en la Constitución Española, artículo 116): lo propio hubiera sido abrir los expedientes que José Blanco ha declarado que está tramitando ahora AENA, y recurrir entonces a las sanciones que fueran oportunas (al margen del Código Penal Militar). Vaya, que el Gobierno hubiera debido aplicar la ley, en vez de suspenderla. Aciago día para los derechos laborales de todos (por antipáticos que resulten la mayoría de controladores aéreos, unos corporativistas incapaces de mostrar solidaridad; pero recordemos de nuevo a los pocos de estos trabajadores que se identifican con la clase obrera; y recordemos también que, por muy bueno que sea su empleo, todos ellos son asalariados).
Quiero acabar mencionando que entre los motivos expuestos por la CGT al convocar la huelga general del 29-S estaba "la privatización de los servicios públicos tales como el transporte
ferroviario, la sanidad pública, el servicio de correos o el servicio
prestado por AENA, avanzando en la privatización de dichos sectores".
