"Art. 172.11
No puede el Rey privar a ningún individuo de su libertad, ni imponerle por sí pena alguna. El secretario del Despacho que firme la orden, y el juez que la ejecute, serán responsables a la Nación, y castigados como reos de atentado contra la libertad individual".
El Rey, es decir, el poder ejecutivo.
Doscientos años después, celebramos la Constitución de 1978 mientras el Gobierno prepara una Ley de Seguridad Ciudadana (¡firma contra ella en Avaaz!) que permitirá al poder ejecutivo "por sí" imponer elevadas penas a los ciudadanos sólo por ejercer su libertad de expresión de modo pacífico.
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